La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2021 que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, y aunque los estados se han ido pronunciando poco a poco en el mismo sentido, una veintena de las 32 entidades del país aún no modifican sus códigos penales.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La teoría y la práctica de los derechos reproductivos en México son dos mundos distintos, como lo refleja la disputa legal que libra una víctima de violación de apenas 13 años de edad, cuyo bebé nació después de que se le hizo esperar para interrumpir su embarazo, y acaba de recibir el amparo de un tribunal federal para que no se le obligue a ser madre.
El aborto en casos de violación es legal en México desde hace años y el país avanza rumbo a la despenalización total de la interrupción del embarazo desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en ese sentido en 2021 y 2023.
Pero el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el domingo una sentencia que deja al descubierto una realidad que, según activistas, se vive con frecuencia en muchos puntos del país: menores violadas y obligadas a ser madres al margen de lo que digan las leyes.
Aunque en México ya existía una causal para interrumpir el embarazo por violación, desde 2005 está vigente una norma que obliga a los servicios de salud a ofrecer el servicio en estos casos. Y las leyes garantizan explícitamente desde 2016 que las menores tienen el derecho a decidir.
Pero, para la adolescente del estado de Morelos, al sur de la capital Mexicana, nada de esto importó.
La niña denunció en enero de 2022 que fue violada en repetidas ocasiones durante un año por la pareja sentimental de su madre. Ese mismo mes, la joven acudió con su padre a un hospital para que se le practicara un aborto. Según las autoridades del centro médico, padre e hija decidieron posponer el procedimiento al ser informados de los riesgos, y aceptaron que se llevara a cabo mediante cesárea en la trigésima primera semana de gestación.
Según la sentencia, la cesárea se realizó en marzo de 2022 y la bebé nació con vida. Posteriormente y con el consentimiento de la madre, la fiscalía llevó a la bebé a un centro de atención de menores, donde permanece actualmente.
Un año después se inició el proceso de adopción, pero el padre de la joven cambió de opinión y solicitó la custodia de su nieta — ahora de año y medio— hasta que su hija fuera mayor de edad y pudiera hacerse cargo de ella, algo que la niña había dejado claro que no era su deseo. Según la Jueza, la petición del hombre evidenciaba, además, que no quería adoptar a la bebé definitivamente.
La Jueza recordó que no se puede obligar a la maternidad a una adolescente víctima de violación porque el derecho internacional califica ese acto como “tortura” y enfatizó que se debe proteger también a la bebé “a una adopción temprana”.
Por ello, determinó proteger a la joven porque se la pretendía “revictimizar”, al obligarle a comparecer en un procedimiento no contencioso para ratificar su voluntad de dar en adopción a la bebé nacida a consecuencia de la violación”.
La Suprema Corte mexicana determinó en 2021 que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, y aunque los estados se han ido pronunciando poco a poco en el mismo sentido, una veintena de las 32 entidades del país aún no modifican sus códigos penales.
Además, en 2023 el alto tribunal despenalizó el aborto en el código penal federal, con lo que las instituciones federales de salud federales, que cubren al 70 porciento de la población, teóricamente están obligadas a brindar servicios de interrupción del embarazo.
“Es muy grave que después de que México tiene un alto estándar de interpretación sobre el aborto, donde no es un delito, sigamos viendo de manera cotidiana la violación, por parte de las autoridades, de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violación, obligándolas a ser madres”, afirmó a la AP Verónica Cruz, integrante del organismo Las Libres que defiende un aborto libre.
A pesar del nuevo dictamen, Cruz enfatizó que la prioridad actual es “obligar a que se cumplan” todos los pronunciamientos judiciales.
